La solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones es un paso más en su integración a nuestra sociedad y una voluntad de respetar las normas, ha dicho Tura.
La consejera de Justicia, Montserrat Tura, ha contestado esta tarde al Pleno del Parlamento una pregunta oral sobre la inscripción al Registro de asociaciones de las bandas latinoamericanas. La consejera ha valorado muy positivamente el esfuerzo que se está llevando a término por normalizar e integrar estos colectivos de jóvenes. Según la consejera, la inscripción en el Registro, además, permito tener constancia de sus miembros y de su dimensión.
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Tura ha puesto especial énfasis en el hecho que se hayan de ceñir a unas normas y a unos procedimientos facilita su normalización y su integración a la sociedad civil, y los ayuda a respetar las reglas democráticas.
Así, la iniciativa de regularizarse es una muestra de voluntad de integración y de consecución de sus objetivos a través de los mecanismos legalmente establecidos, y la respuesta desde las administraciones debe ser de integración y no de rechazo, en la medida en qué respeten las reglas a que se someten todas las asociaciones.
Por la consejera de Justicia, la constitución en asociación de estos colectivos que hasta ahora habían sido bastante estigmatizados, puede generar nuevos espacios y posibilidades de trabajar en su integración social. Este proceso requiere una etapa de adaptación y de aprendizaje, en la cual deben recibir del apoyo necesario por parte de las instituciones y Administraciones Públicas.
Su solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones, ha añadido la consejera, es un paso más en su integración a nuestra sociedad y una voluntad de respetar las normas.
Hace falta recordar, ha dicho la consejera, que esta asociación ya contó con el apoyo y el asesoramiento del Consejo de la Juventud de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona y del Instituto Catalán de los Derechos Humanos, en el procedimiento de constituirse formalmente como asociación y como parte de las políticas de convivencia y de prevención de conflictividad social.
La Administración, ha dicho la consejera de Justicia, ha de inscribir las asociaciones limitándose a verificar el cumplimiento de los requisitos que deben reunir el acta fundacional y los estatutos de la asociación en cuestión de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 7/1997, de asociaciones y artículo 30 de la Ley orgánica 1/2002 reguladora del derecho d’asociación (LODA).
Aún así, si con posterioridad a la inscripción, los miembros de la asociación cometen actos delictivos, habrán de ser juzgados, y, si lo hacen en aras de la asociación o bien se demuestra que la asociación persigue o estimula actos o fines delictivos o utiliza medios delictivos para lograrlos, deberá ser declarada ilegal a través de los procedimientos judiciales previstos, ha añadido Tura.
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