Las órdenes de protección a maltratadas bajan un 11% mientras se disparan las muertes

Sólo quince de cada cien asesinadas disponían de ella ? Las cifras revelan la desatención a medidas ya en vigor antes de la nueva ley ? Eduardo Zaplana registra una iniciativa en el Congreso para crear planes de seguridad personalizado

Las cifras no dejan de sacar los colores a la Ley de Violencia de Género que José Luis Rodríguez Zapatero ha convertido en uno de sus proyectos estrella en esta legislatura. No sólo fallan las nuevas medidas, sino que la gestión socialista no ha sido capaz siquiera de rentabilizar iniciativas que ya estaban en vigor y que han caído en retroceso en los últimos años. Quizás en parte por desatención a la sensibilización social, también por falta de medios..., pero lo cierto es que mientras que siguen aumentando las muertes, las estadísticas, sin embargo, dejan datos muy relevantes como que las denuncias, que crecen, la verdad, poco, van paradójicamente acompañadas de una disminución de las «órdenes de protección».

Las «órdenes de protección» fueron puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular (ley 27/2003). Éstas pueden ser incoadas por tres vías: el juez de oficio, la propia víctima y el Ministerio Fiscal. De acuerdo con los últimos datos oficiales, su número ha disminuido un 11 por ciento en el primer semestre del pasado año 2006 con respecto al mismo periodo de 2005, a pesar de que las denuncias aumentaron un 3,8 por ciento, destacando el hecho de que hayan sido las incoadas por el Ministerio Fiscal, dependiente del Gobierno, las que se han reducido más drásticamente (1.154, en 2004; 1.016, en 2005; y 483, hasta el tercer trimestre de 2006).

El resultado es que solamente un 15 por ciento de las mujeres asesinadas disponía de esa medida de protección y que el Gobierno está fallando con sus nuevas propuestas, pero tampoco está acertando en el campo de la prevención -un tercio de las mujeres asesinadas en el año 2006 había denunciado a su agresor- y también en el de la denuncia -el incremento entre los años 2005 y 2006 (3,8 por ciento) es muy inferior al de las víctimas (13 por ciento). Con este bagaje, el PP, a través de su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, advirtió ayer de que el Gobierno va camino de convertirse en el que más muertes tenga que lamentar en una legislatura, pese a que prometió la panacea de terminar con esta lacra social con la misma vehemencia con la que Rodríguez Zapatero anunció al llegar a La Moncloa que arreglaría el problema del Sahara en seis meses. En el mandato anterior, del PP, se registraron un total de 234 víctimas mortales y en el actual se han registrado ya 221, a falta de un año para que se agote.

Zaplana contrapuso la realidad -en poco más de 50 días de 2007 ha habido que lamentar 15 asesinatos, una mujer cada cuatro días, y el aumento de las muertes en el pasado ejercicio- con las declaraciones del ministro Caldera. «España no está entre los países donde más se practica la violencia de género», proclamó el pasado 21 de febrero; mientras que en una comparecencia en el Senado ha llegado a inflar en 13 el número de mujeres asesinadas en 2005 (73 según sus datos, frente a las 60 del Instituto de la Mujer) para «ocultar» el incremento de víctimas en 2006 (68, ocho más que en 2005). En 2002, el propio Rodríguez Zapatero valoraba la política del PP con la siguiente afirmación: «Si la obra humana se mide por resultados, el plan de acción contra la violencia de género ha sido un fracaso».

Alternativa del PP

Hasta ahora, todas las propuestas alternativas presentadas por el principal partido de la oposición han sido «tumbadas» por el PSOE en el Congreso de los Diputados. No obstante, Zaplana ha decidido recuperar una proposición no de ley para crear planes personalizados para las víctimas y volver a registrarla para su debate en la Cámara.

Según explicó, consiste en la generalización de sistemas electrónicos de protección homologados, como dispositivos de seguimiento y alarma; la introducción de sistemas de vigilancia aleatoria e intermitente en los domicilios de las mujeres acosadas; elevar el nivel de protección, creando un sistema de protección permanente de la Policía; y la creación de la figura del Agente de Seguridad Personal para coordinar los planes de seguridad y ajustarlos a las necesidades en cada caso. «El problema de la violencia de género es un problema que hemos afrontado desde los distintos gobiernos y siempre hemos buscado el consenso», concluyó.