viernes, 16 de marzo de 2007

China reconoce por primera vez en una ley la propiedad privada

• La Asamblea Nacional aprueba el texto que equipara la protección de los bienes públicos y los privados.

La Asamblea Nacional Popular (ANP) de China ha aprobado por abrumadora mayoría la ley más discutida de su historia, que reconoce por primera vez la propiedad privada y equipara su protección a la de la pública y la colectiva.

En la última jornada de la sesión anual de la ANP, que se celebra en Pekín desde el pasado 5 de marzo, sus 2.888 integrantes han dado el visto bueno a la ley sobre la propiedad por 2.799 votos a favor, 37 abstenciones, y 52 en contra.

Además de esta histórica ley, que llevaba 13 años debatiéndose, los diputados han aprobado la nueva ley de impuesto unificado, que sube las tasas que deben pagar las compañías extranjeras y las equipara a las chinas (25%), y el presupuesto para el 2007, que establece un incremento del 17,8% para el gasto militar.

Igualdad de todos los bienes

"Es un avance para proteger que los bienes legales no sean invadidos. Asegura que todos los bienes son iguales, sin importar si son estatales, privados o colectivos", ha explicado sobre la ley de propiedad Wu Qing, directora del Centro de Desarrollo para las Mujeres Rurales.

Entre sus 247 artículos especificados en 40 páginas, la ley establece que "todo tipo de propiedad, desde la estatal a la colectiva, individual o de otro tipo, está protegida por la ley y nadie puede atentar contra ella".

Según la versión oficial, pretende, por un lado, proteger al sector privado, que aporta ya cerca de la mitad de la riqueza nacional, y por el otro acabar con las frecuentes y protestadas expropiaciones en el medio rural, convertidas en un peligroso factor de inestabilidad para el país.

Excepción en el medio rural

En el campo chino, la propiedad de la tierra es colectiva y el Estado la cede a los campesinos en régimen de usufructo durante periodos de hasta 70 años. Este sistema se sigue manteniendo con la nueva reglamentación pues, a juicio del Gobierno, el medio rural no está todavía preparado para la privatización de la tierra debido a la falta de un sistema extendido de seguridad social.

Aunque la tierra podrá ser requisada "por interés público", dice el nuevo texto, "se pagarán indemnizaciones por la tierra, subsidios para el realojo, compensaciones por los enseres y cosechas". La cuantía, precisa, será decidida en función del desarrollo económico de cada región, aunque se restringirá "la transformación de tierra para la agricultura en tierra para el desarrollo", a fin de frenar los excesos de las corruptas autoridades locales.