martes, 20 de marzo de 2007

El Supremo archiva la querella de Manos Limpias contra el juez Del Olmo

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el auto por el que archivó una querella que Manos Limpias interpuso contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez por supuesta destrucción de pruebas del 11-M y pidió que se investigue a esta asociación por acusación y denuncia falsas.

En un auto notificado hoy, la Sala de lo Penal del TS desestima el recurso de súplica interpuesto por el llamado sindicato de funcionarios Manos Limpias, que no cuenta con representación en ningún centro de trabajo y tiene como secretario general a Miguel Bernard, ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva.

La resolución indica que "debemos insistir junto con el Ministerio Fiscal que el instructor querellado ha cumplido escrupulosamente las prescripciones legales establecidas al menos en lo que respecta a las imputaciones del querellante".

Además, recuerda que "cuando la instrucción de un procedimiento fuese incompleta o defectuosa ello no comporta la comisión de delito alguno, sino la petición de revocación del auto de conclusión del sumario".

En la querella se acusaba a Del Olmo y Olga Sánchez de haber destruido pruebas del 11-M al autorizar el desmantelamiento de los vagones en los que explotaron las bombas y la "inhumación sin previa autopsia" de los terroristas que se suicidaron en Leganés.

El auto del TS que archivó el pasado 11 de enero dicha querella explicaba que Bernard viene ejercitando "un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española".

Además, señalaba que el juez realizó todas las pruebas que consideró necesarias en los vagones, y que sólo después los devolvió a RENFE, que es su legítimo propietario y el único responsable de su conservación y destino.

Sobre la segunda afirmación, el auto decía que es simplemente falsa, ya que "lo cierto es que sí se efectuó la correspondiente diligencia de autopsia".

"No parece, por todo lo expuesto, que pueda apreciarse en ninguna de estas actuaciones sumariales delito alguno, más al contrario evidencia que la querella no solo carece de todo apoyo técnico jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de derecho y fraude procesal", afirmaba el Supremo.

Por ello, no sólo archivó la querella, sino que consideró que Bernard puede haber incurrido en un delito de acusación y denuncia falsas, castigado con hasta dos años de prisión, y a instancias de la Fiscalía pidió que fuera investigado por los Juzgados de Madrid.